“Nunca es agradable sancionar a un particular o una empresa pero no por ello vamos a dejar de cumplir con las obligaciones que tenemos como gestores públicos, que no es otra que velar por el interés de lo público y la ciudadanía, con la ley en la mano. Las certificaciones de obras de los diferentes contratos  que tienen las administraciones las firman los técnicos municipales. Y cuando se producen retrasos indebidos en las mismas se proponen penalizaciones económicas. Los técnicos municipales han entendido que hay que penalizar a INCOC S.L. por los retrasos en la finalización de las mismas, y la empresa está en su derecho de alegar lo que considere oportuno”.

Antonio Rocío comenta: “No ha habido mala fe, ni estafa alguna. Estamos hablando de procedimientos reglados y comunes en la ley de contratos del sector público. Las administraciones, como en este caso el Ayuntamiento de San Bartolomé, los responsables municipales y los técnicos municipales siempre velarán por la defensa del interés público respetando y velando por el cumplimiento de los procedimientos oportunos”.

El Ayuntamiento está al día en los pagos a la empresa INCOC S.L., quedando únicamente pendiente la certificación final de obra, que será abonada una vez se resuelva el expediente de las penalidades abierto, añade Rocío.