“No tiene ningún sentido que la misma administración que da la ayuda de emergencia social a un vecino sea la que le embargue la cuenta por no poder hacer frente al pago del recibo del IBI. La administración en muchas ocasiones se muestra deshumanizada y hay que promover cambios normativos que le permitan llegar precisamente a esas familias que más lo necesitan”, ha señalado.

Como es habitual en este tipo de acuerdos, se dará traslado del mismo a la FECAM y FECAI, a efectos de su conocimiento, y a fin de su remisión a los ayuntamientos de canarias y cabildos, para su adhesión, así como, a la  FEMP.